El doble estándar en la discusión sobre el aborto

Actualizado: feb 22

Por Jorge Enríquez *



Recientemente, la Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia, Chaco, dra. Marta Beatriz Aucar de Trotti decidió hacer lugar a una medida cautelar contra la Ley 27.610 y ordenó suspender la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Chaco hasta que se resolviera la constitucionalidad de la ley.


Su resolución despertó, rápidamente, todo tipo de críticas hacia ella y a quienes promovieron la acción judicial.

Una verdadera descalificación “ad hominem”. En ese sentido, el Ministro de Salud de la Nación, Gines González García quien acumula un desfile interminable de fracasos frente a la pandemia del COVID 19, manifestó que “Se usa la justicia para no cumplir la ley”. Una senadora del Frente de Todos calificó la medida como “una burla a las instituciones democráticas, a las reglas del estado de derecho; y muchas organizaciones feministas nucleadas en la “Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” repudiaron la medida afirmando que “Es escandaloso que un grupo reducido de personas con el aval del poder judicial chaqueño pretenda decidir sobre el derecho a decidir de miles de personas gestantes”.


Sin embargo, todas estas expresiones son fruto de una concepción totalitaria de la democracia, que se arroga la representación de la totalidad del pueblo y califica cualquier disidencia como una minoría anti-popular y/o anti-patria.

Esta idea es absolutamente contraria a la verdadera democracia, con mayorías cambiantes y que, por sobre todo, deben respetar los derechos de las minorías, buscando que el juego armónico de las instituciones compatibilice los derechos de todos los habitantes de la nación. Así lo establece nuestra Constitución, que prevé que toda ley debe respetar derechos básicos como la vida, la libertad y la igualdad, y pone en cabeza del Poder Judicial la tarea de evitar que estos derechos sean avasallados tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo.


Como debería saber todo dirigente político, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es susceptible, como toda norma, de ser cuestionada por cualquier ciudadano con legitimidad suficiente ante el Poder Judicial, que debe decidir si la ley cuestionada se ajusta a lo establecido por la Constitución y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. En este caso, los tribunales deben definir si en nuestro sistema jurídico es posible compatibilizar el derecho de la madre a elegir con el derecho de los niños a vivir.


Exigir que una ley no contradiga a la Constitución no es un rigorismo formal, una ideología juridicista o un “capricho burgués”, sino que es hacer valer el Estado de Derecho, el imperio de la ley y los Derechos Humanos. Este es uno de los pilares de la democracia moderna y su puesta en práctica no debería ser cuestionada.


Más cuando quienes se escandalizan vienen promoviendo “acciones judiciales estratégicas” para implementar el aborto en la argentina desde hace años. Así surge abiertamente de páginas del CELS que realiza un raconto de las acciones judiciales realizadas en distintos puntos del país y provee libremente de modelos de escritos para diferentes situaciones de criminalización por aborto. También la “Asociación del Pensamiento Penal” presenta en su portal su listado de amicus curiae presentados y la misma “Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” apoyó diversas acciones legales como en el caso Belén.


Inclusive, puede leerse en el Informe sobre “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina” elaborado por Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” que se destacan como “avances significativos” el fallo de la CSJN de 2012 “F.A.L.” donde ésta reinterpretó el alcance de las causales de no punibilidad del art. 86 del Código Penal implementando judicialmente el aborto en la Argentina por medio de protocolos que se aplican en muchas provincias.


Plantear que los únicos recursos válidos ante el Poder Judicial son los que se presentan para promover el aborto o que el único posicionamiento “popular” es el que surge de las filas de determinado pensamiento político, vinculado en algunos casos con una izquierda paleolítica, no tiene ningún apoyo en la realidad.


Quienes se escandalizan en nombre de la mayoría deben entender que el mismo Congreso que aprobó la ley se expresó en sentido contrario hace tan sólo dos años, y que esa mayoría no se ve reflejada en ninguna de las serias encuestas que han escrutado la posición de la ciudadanía frente a tan sensible y controvertida cuestión. Deben entender que el Derecho a la Vida desde la concepción está expresamente enunciado en el artículo 15 de la Constitución Chaqueña y que tratar de imponer un pensamiento único en todo el país atenta contra la República y el respeto de las identidades provinciales, que debe imperar en todo Estado Federal. Así, no se les puede escapar que la inmensa mayoría del pueblo chaqueña está por la defensa de las dos vidas.


* El Dr. Jorge Enríquez es Diputado Nacional (CABA)