Nuevo proyecto de ley de aborto: diferencias y similitudes con respecto al rechazado por el Senado

Actualizado: 23 de nov de 2020


El 8 de agosto de 2018 fue rechazado por el Honorable Senado de la Nación un proyecto

de legalización del aborto. Hoy la Campaña por el aborto seguro, legal y

gratuito hace la presentación de un nuevo proyecto. Ponemos a disposición algunas de las diferencias y similitudes presentes entre ambos, para su mejor análisis.

Comparación entre el Proyecto rechazado por los Senadores el 8/8/18 y el nuevo

Proyecto presentado por la Campaña por el aborto seguro, legal y gratuito.


Diferencias


Derechos protegidos:


En ambos proyectos se citan derechos especialmente protegidos. En el nuevo proyecto se nombran además de los comunes, los derechos sexuales y reproductivos, la educación, la identidad

de género, la diversidad étnico cultural y a una vida libre de violencias.

Se quita la enunciación del derecho a la libertad de creencias y pensamiento presente en el

proyecto anterior. (art.2)


Garantiza los derechos protegidos a toda mujer o persona gestante, sin distinción de

nacionalidad, origen, condición de tránsito y/o status de residencia/ciudadanía.

Esta aclaración no estaba presente en el proyecto anterior. (art.2)


Causales:


Mantiene la causal por violación, en cualquier momento del embarazo con el solo

requerimiento y la declaración jurada de la persona. En el proyecto anterior el interviniente

debía ser profesional, en este proyecto agrega “profesional o personal de salud”. Es

necesario considerar que la Organización Mundial de la Salud considera personal sanitario a

todos aquellos que realizan actividades cuyo principal objetivo es la mejora de la salud.

Cualquier persona que trabaje dentro del sistema de salud, podría estar involucrado. (art.4)


En la segunda causal de aborto en cualquier momento del embarazo, se explicita que es

motivo el riesgo de la vida o la salud integral de la mujer… (se agrega el término “integral”,

afirmando el concepto de salud aportando por la OMS “La salud es un estado de completo

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”.

(art. 4, art.3)


El presente proyecto no incluye la causal de inviabilidad extrauterina del feto. (art. 4)


Sujetos pasibles de acogerse a la IVE:


El actual proyecto incluye el término “identidades con capacidad de gestar” como sinónimo

de persona gestante (art. 3) Podría considerarse un intento de erradicar el concepto de

persona. Considérese que en ninguna parte del texto se nombra “feto”, “embrión”, ni

“persona por nacer”. Es un proyecto de ley de aborto que no logra nombrar a quien se

aborta.


Asesorías:


Se sustituye la consejería por la asesoría. (art.7)


Las consejerías que se establecían en 2018 tenían entre sus funciones brindar “la

información adecuada”, en la presente versión las asesorías deben brindar “Información

sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios”(art. 7)

que “en ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de salud ni de terceros/as”. (art.6)


El proyecto actual no aclara que las asesorías deban restringirse a atención de carácter

médico, social y psicológico. (art. 7)


Las consejerías también debían acompañar y proporcionar información adecuada y

confiable sobre los métodos anticonceptivos y provisión de los mismos. El actual proyecto

agrega que dicha información deberá ser: objetiva, pertinente, precisa, accesible, científica,

actualizada y laica. (art.7)


Consentimiento informado:


El consentimiento informado de la mujer o persona gestante, en ambos proyectos debe ser

expresado por escrito, de conformidad con lo previsto en la ley 26.529 y concordantes y el

artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. En el proyecto actual se quita la

aclaración de que “Ninguna mujer o persona gestante puede ser sustituida en el ejercicio

de este derecho” (art. 8). Esta oración se trasladó al artículo referido a las personas con

discapacidad y personas con capacidad restringida, “independientemente de su

discapacidad, diagnóstico en su salud o determinación judicial sobre su capacidad jurídica”.

(art.10)


Menores:


El proyecto rechazado se refería a menores de 16 indiscriminadamente. Este proyecto,

incluye una diferenciación entre menores de 13 y entre menores entre 13 y 16.

Las menores de 13 años requerirán además, el consentimiento informado de alguno de los

progenitores. En su ausencia podrá asimilarse el concepto de familia, a otros miembros de

la comunidad que representen para ella vínculos significativos y afectivos en su historia

personal…(de acuerdo al art. 7 del decreto reglamentario 415/2006 de la ley 26.061 y otros

afines). En estos casos nos se requerirá autorización judicial.

Las menores entre 13 y 16 se supone que cuentan con aptitud y madurez para decidir la

práctica. En caso de riesgo de vida o salud la adolescente prestará consentimiento con la

asistencia del adulto de referencia. Si hay contraposición de intereses, decidirá el

profesional interviniente.

Las mayores de 16 brindan consentimiento por sí mismas.


Aborto como derecho:


Afirma explícitamente que “Toda mujer o persona gestante tiene derecho a que la

interrupción voluntaria del embarazo sea realizada o supervisada por un/a profesional o

personal de salud”.(art.5, inc.b). El siguiente inciso se inicia diciendo que “Si la interrupción

voluntaria del embarazo se llevara a cabo en un establecimiento de salud, sus autoridades

deben garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial

previa”(art.5,inc.c). Queda abierta la posibilidad de que se considere derecho de la mujer la

interrupción voluntaria del embarazo supervisada por personal de salud no profesional que

no pertenezca a un establecimiento de salud.


Acceso a la información:


“El sistema de salud debe garantizar un/a intérprete de la lengua o idioma en la que se

comunica la persona que requiere la práctica”. (Art.6)


Educación sexual integral:


Si bien el proyecto rechazado nombraba a la ley de Educación Sexual Integral, esta nueva

versión se refiere explícitamente a la ley 26.150 de ESI diciendo que “El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad

de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas

para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la

población” Además avanza sobre los contenidos educativos: “El contenido curricular sobre

aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través

de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de

género…D